Estado sólo cubre 40% de gastos del paciente en un hospital

VIVIAN CASTILLO
EL UNIVERSAL
La Constitución venezolana de 1999 consagra la salud como un derecho fundamental y establece que es deber del Estado proveerla gratuitamente. Existen además 70 normas internacionales suscritas y/o ratificadas por el país, que le obligan a garantizar la atención sanitaria sin discriminación y bajo ciertos estándares de calidad.
Venezuela, sin embargo, se encuentra lejos de cumplir con lo establecido en su Carta Magna o en estos pactos internacionales, según revela el informe de la organizacióncivil Convite sobre la situación del derecho a la atención sanitaria en el país.
El documento, producto del observatorio realizado por 10 organizaciones sociales de derechos humanos entre 1999 y 2007, indica que "las garantías establecidas en el texto fundamental quedan sin efecto debido al retraso en la creación de una ley que permita instrumentarlas".
Convite señala además como un obstáculo para reclamar el derecho a la salud la existencia de varios sistemas de atención sanitaria paralelos e independientes que responden a autoridades diferentes: Minsalud, IVSS y Misión Barrio Adentro.
A esto se suma el déficit de infraestructura pública sanitaria, las fallas en la dotación de equipos e insumos médico quirúrgicos y de personal especializado.

El estudio, que incluyó una encuesta en varios sectores populares, reconoce que el crear los consultorios de la Misión Barrio Adentro "amplió las opciones de atención sanitaria gratuita". Sin embargo, señala que sólo "50% de los consultados usan los módulos de la Misión, y que 47% de los que lo utilizan asisten de igual forma a los hospitales públicos, aunque haya problemas de calidad de insumos y equipos, limitación de espacio y largos tiempos de espera".
Inversión insuficiente
La publicación sobre el observatorio de la atención sanitaria en Venezuela afirma que la inversión pública de salud es insuficiente. Establece que para garantizar la atención gratuita a toda la población debería estar entre 7 y 10% del PIB, mientras que la realidad revela que es menor a 2%.
"Desde 1999, la participación del presupuesto ordinario que maneja el Ministerio de Salud se ha mantenido por debajo de 2%, constituyendo uno de los gastos más bajos del mundo, $122 por persona para 2006".
La organización indica que paradójicamente "el gasto privado es muy superior al público; representa aproximadamente 3% del PIB. Las tres cuartas partes de la inversión de salud en el país provienen del sector privado".
Convite señala que el Estado aporta en promedio sólo 40% de los gastos en un hospital. Asevera que 86% de las familias consultadas para la realización del informe indicaron que destinan la mayor parte del gasto a la adquisición de medicinas.
70% de las personas consultadas para la realización del informe admiten que al usar los servicios públicos de salud hacen frecuentes gastos para compensar la deficiencia de insumos o medicamentos. Esto fue corroborado por los médicos y personal que labora en varios hospitales, quienes reconocieron que "de vez en cuando" deben pedir colaboraciones.
Discriminación en la salud
El observatorio comunitario por el derecho a la salud identificó en el sistema público sanitario de Venezuela dos formas de discriminación: La primera, que ocurre cuando a un paciente se le niega la utilización de servicios o la continuidad de un tratamiento prescrito anteriormente, por falta de dinero; y la segunda, cuando se niega en el centro de salud la atención médica por falta de insumos o medicamentos.