El Estado impondrá al venezolano la actividad en que deberá trabajar

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El texto de la reforma constitucional suprime la libertad plena del individuo para escoger la actividad económica de su vida y la posibilidad de cambiarla si así lo desea, lo cual deja al Estado la facultad de decidir por el ciudadano el área laboral en que se desempeñará.

Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y dirigente de Un Nuevo Tiempo, informó que la libertad del trabajo queda seriamente restringida con la reforma del artículo 112 de la Carta Magna. "El Estado es el que va a promover qué es lo que hará el ciudadano, fundado en los intereses comunes y no en los intereses individuales", dijo.

La parte obviada del artículo 112 de la vigente Constitución establece que "todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia". La nueva redacción indica: "El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de la felicidad posible.

Asimismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixta entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las condiciones para la construcción colectiva y cooperación de una Economía Socialista".

Blyde considera que el modelo socialista se parece al de Cuba, donde "hay una direccionalidad desde que el niño nace, para encausarlo hacia las actividades determinadas por el Estado cubano".

Frente a este espejo, alerta que el Estado venezolano puede imponer dónde trabajarían o no las personas, sobre todo con las declaraciones del presidente Chávez de llevar al sector privado a su mínima expresión.

Así, el Estado se convierte en el único propietario de los bienes de producción, con lo cual controla las fuentes de empleo. "El individuo no tiene la libertad de decir me voy y de buscar otras opciones, y deberá quedarse en el empleo original así no esté de acuerdo con las condiciones laborales de su patrono Estado", destacó Blyde.

Fábrica adentro. Los abogados laborales León Arirsmendi y Jesús Urbieta objetan el artículo 87 de la reforma, según el cual el Estado creará instituciones en los centros laborales para cumplir las condiciones de seguridad industrial y las relaciones sociales; esto es, los consejos de trabajadores.

Arismendi destacó que detrás de los consejos está la formación política y la implantación del socialismo a 5 millones de trabajadores del sector formal público y privado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.

El plan de formación (Tercer Motor Moral y Luces) ya está en los ministerios, empresas e instituciones del Estado. "La siguiente fase es el sector privado, cuando la reforma de la Constitución sea aprobada y haga de obligatorio cumplimiento la presencia de los consejos obreros en las empresas", señaló Arismendi.

Según Urbieta, se pretende copiar al carbón la experiencia de los países comunistas, donde el partido (PSUV, en el caso venezolano) ejerce el control, y sus células en la fábrica son los consejos obreros, encargados de hacer cumplir los dictámenes del Gobierno.

Agregó que por ser organizaciones obreras paralelas, los consejos asfixian a los sindicatos, incluso a los de tendencia socialista. En los sistemas comunistas el derecho a la contratación colectiva fue caricaturizado o suprimido y el Gobierno impuso las condiciones laborales.