Antonini y el Gobernador Yanez en Uruguay

A fines de setiembre de 2006, Antonini estuvo unos días en Montevideo, donde se lo pudo ver siempre muy cerca de Johnny Yánez, gobernador del Estado de Cojedes de Venezuela y vicepresidente de OLAGI (Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios). Yánez visitó la empresa uruguaya Umis S.A, que se dedica a hacer casas prefabricadas y que tiene como principal destino exportador desde hace más de un año a Venezuela, luego de que en marzo de 2006 los presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez realizaran en Caracas un acuerdo comercial basado en la venta de petróleo a Uruguay en condiciones convenientes, mientras que Uruguay surtiría a Venezuela en rubros en los que está más desarrollado, como estas casas de Umis S.A.
En el recorrido por la fábrica, Antonini estuvo siempre al lado de Yánez y se presentó ante todos como su asesor. Umis S.A ha exportado hasta ahora 4.000 kits en 1.200 contenedores, muchos de las cuales están archivados en un depósito que el Ministerio de Vivienda de Venezuela tiene en San Carlos, capital del estado de Cojedes. “Yánez vino a empezar a negociar, de algún modo, la posibilidad de que algunas de esas casas pudieran quedar, en un futuro, en manos del estado que él preside”, dijo a este diario una fuente de la empresa uruguaya.
Nadie puede asegurar qué rol jugó Antonini en este asunto. A juzgar por algunos comentarios que hizo aquí, en los que se “vanagloriaba” por tener muy buenos contactos en el gobierno venezolano, todo parece indicar que se trata de un “lobbista”, que tiene algunos intereses en los movimientos de Yánez, y seguramente, también en algún otro negocio que hoy llevan adelante Uruguay y Venezuela.
Quien podía aclarar las cosas en cuanto a la presencia de Antonini en Uruguay era, justamente, el gobernador Yánez. Pero en su despacho dijeron que estaba de viaje, mientras que en el celular de Belkis Loreto, su asistente personal, estuvo siempre activado el contestador.
La sola mención del nombre de Antonini, también en Uruguay, hace que todos quieran “desmarcarse”, sin siquiera dar alguna explicación. Así ocurrió con el actual embajador de Venezuela en Uruguay, Franklin González, quien ante la llamada de Clarín por este tema, mandó a decir por su secretaria que sobre esta persona había que hablar a la embajada en Argentina. Cuando se le aclaró que era por un paso de Antonini por Uruguay, la funcionaria se puso el cassette y volvió a repetir lo mismo.


¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros fuese descubierto pretendiendo pasar por Aeroparque una valija con 800.000 dólares? ¿Nos dejarían irnos así como así y sin dar una explicación sobre el origen de esa plata? La respuesta es obvia: seríamos cuanto menos demorados hasta tanto aclarásemos la situación o directamente detenidos. Pero al venezolano Guido Antonini Wilson, que mintió al declarar primero que traía sólo papeles y libros y después 60.000 dólares, lo retrasaron apenas lo necesario para contar el dinero y comprobar que era más de diez veces lo que había dicho. Para las autoridades argentinas finalmente se trató de una infracción: le retuvieron los dólares y se pudo ir. Ahora está en Miami.
¿A nadie se le ocurrió pensar que eso podía ser mucho más que una simple infracción, un caso de lavado de dinero o de contrabando? Los de la Aduana y la Justicia discuten hoy de quién fue el error. Pero no es el único en este escándalo.
El multimillonario Antonini Wilson viajó apretujado desde Caracas en un avión pequeño. Claro que contratado por una empresa estatal argentina que aterrizaría de madrugada y en un sector especial. Y toda la explicación que aquí se da es que lo subieron por pedido de funcionarios venezolanos. De nuevo: ¿es ésa una razón suficiente? No sabemos quién viaja en vuelos oficiales que cuestan una fortuna. Y que se hacen pese a que un decreto del actual Gobierno obliga a los funcionarios a buscar las tarifas más baratas.
Pero la trama más oscura de esta historia es a quién o quiénes estaba destinado el dinero. Argentina ha pedido explicaciones y Venezuela dice que no tiene por qué darlas (ver pág. 3). Nadie se hace cargo. ¿Y entonces cómo sigue?
Ricardo Roa - EDITOR GENERAL ADJUNTO
Clarín