Chávez, Morales y el poder absoluto

Editorial. La Nación. Argentina
En 1999, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quiso legitimarse a sí mismo con la reforma de la Constitución. La llamó en forma despectiva “la moribunda” y, en un proceso parecido a una batalla campal, impidió a los legisladores opositores el ingreso en el Congreso. La alcanzó de ese modo. Desde entonces, la idea de regir en forma permanente los destinos de la república bolivariana, bautizada así por él mismo, ha alentado buena parte de sus acciones de gobierno.

En un país en el cual creció en forma desmesurada el empleo público desde que Chávez asumió la presidencia, la mera intención de crear un partido único, lanzada después de ser reelegido en diciembre de 2006, creó las condiciones propicias para recibir la bendición popular de cuanta iniciativa presidencial surgiera.

En el tránsito hacia una nueva reforma constitucional, inspirada sin tapujos en la reelección indefinida, Chávez procuró expandir su ideario en la franja andina. Lo concretó en Bolivia y en Ecuador, con las victorias de Evo Morales y de Rafael Correa; fracasó en Perú, con la derrota de Ollanta Humala.

En Bolivia, sobre todo, Morales no deja de inspirarse en Chávez. Prueba de ello es la coincidencia, ahora, en la intención de reformar la Constitución con la premisa de asegurarse el poder absoluto.

La intención de obtenerlo, cual peaje para emular a Fidel Castro en las actitudes y en la permanencia en el poder, contradice aquello que Juan Linz, profesor de ciencia política de la Universidad de Yale, quiso advertir sobre la necesidad de evitar en América latina la tentación de crear regímenes autoritarios. Es decir, lo contrario del ideal democrático de un “gobierno pro témpore”, de legitimidad limitada en el tiempo.

Ambas reformas constitucionales dejan en manos de los presidentes un poder excesivo y exponen la democracia al riesgo de perder el delicado “equilibrio de los poderes del Estado”, defensa básica contra todo abuso del poder.

Venezuela y Bolivia se alejan de este modo de las naciones de la región que abrazan sin retaceos los principios de la democracia y se acercan, raudamente, al “modelo” cubano, con una diferencia: los comicios en los cuales resultaron elegidos sus presidentes.

Lo de Venezuela es particularmente grave. Chávez ya goza de una amplísima delegación de funciones legislativas, conferida por aclamación popular y por la deserción de la oposición en las elecciones de 2005. Tiene las facultades de crear provincias federales o regiones militares; designar autoridades especiales ante situaciones “de contingencia”; conformar “misiones” para “satisfacer las necesidades más sentidas y urgentes de la población”; regular la política monetaria; celebrar y ratificar tratados internacionales sin la venia de la Asamblea Nacional; ejercer la iniciativa constituyente; designar su vicepresidente o prescindir de él, y administrar las reservas internacionales, entre otras.

En Bolivia, la oposición aún conserva su voz y su voto en la Asamblea Constituyente, pero las propuestas más inquietantes del gobierno de Morales están centradas en la reelección indefinida del presidente y del vicepresidente, y en el uso de las “autonomías indígenas” para diluir con ellas el compromiso expresamente asumido con los departamentos (provincias) del oriente del país de asegurarles cierta “autonomía territorial”.

No deja de ser preocupante la propuesta atribuida al vicepresidente Alvaro García Linera de crear un difuso cuarto “poder del Estado”, que se encargaría del “control social” de la acción gubernamental.

Las dos propuestas de reformas constitucionales, en definitiva, carecen del espíritu y de la vocación democráticos que deberían regir en la región. El plan de obtener poderes absolutos, edulcorado con medidas tan demagógicas como reducir la jornada laboral en Venezuela o declamar beneficios sociales en Bolivia, lejos está del modelo que, con sus cláusulas democráticas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur procuran irradiar en nuestros países. Frente a ello, resulta alarmante, a su vez, que cada observación externa sobre la materia, como sucedió con la no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), reciba insultos de Chávez, como si la democracia fuera, en su país y en Bolivia, patrimonio de los presidentes.